Son cinco cuevas escondidas en una inmensa montaña del valle de Huancasancos, a diez horas al sur de Huamanga, Ayacucho.

Llegamos hasta ahí, siguiendo la ruta marcada por un guía, quien afirmaba que -venciendo su comprensible temor- los comuneros de la zona le habían confesado la existencia de una fosa común, con los restos óseos de por lo menos unas cien personas, víctimas de la guerra sucia emprendida entre Sendero Luminoso y el Ejército Peruano, a partir del año 1982.

Iniciamos la marcha a las once de la mañana y tras cuatro horas de camino llegamos a la provincia de Cangallo. Cinco minutos después de haberla dejado atrás, una primera señal nos dejó saber, en forma clara, lo que es Ayacucho hoy en día, tras casi veinte años de abuso y muerte, nacidos tanto del terrorismo como de los cuarteles: el rincón donde los muertos están empezando a hablar.

Dos calaveras, colocadas sobre una inmensa roca al pie del camino, parecían indicamos que nuestra pista era certera. Las mandíbulas abiertas. Los dientes casi intactos. Cercados por un pedazo de soga, los cráneos estaban acompañados por una hoja de papel, retenida sobre la superficie de la peña por cuatro guijarros. "Mamá papá su hijo pasarán al estudio de la historia para no repetir la situación", es lo poco que pudimos descifrar del mensaje, escrito con un plumón de tinta fluorescente.

Retomamos el camino, que se hizo mucho más penoso luego de este primer hallazgo. La carretera a Huancasancos, de terreno afirmado, aunque con desniveles profundos, se convierte así en la ruta de regreso. Las curvas cerradas que antes escondían barricadas y emboscadas dinamiteras, hoy representan la vuelta al pasado.

"Es muy difícil que alguien de la zona quiera conversar contigo -nos anticipa el guía-. Vamos a revivir muchas cosas y eso a la gente no le gusta".

Antes de llegar a Huancasancos, pasamos por diversos pueblos que fueron víctimas sistemáticas de Sendero y del Ejército. Todos han cambiado de apariencia. La hoz y el martillo han sido reemplazados, en las plazas, por la propaganda electoral. Alan García y Alejandro Toledo se pelean las paredes, convirtiéndolas en murales repletos de ofertas y promesas. Uno de estos pueblitos, llamado Incaraccay, fue -durante la guerra de mayor terror- atacado por lo menos una veintena de veces, entre Sendero Luminoso y el Ejército. Nos conmueve especialmente la historia de una mujer que ejerció un cargo dentro de la comunidad y que era madre de seis hijos. Su nombre es guardado en reserva, por solicitud de ella misma. Esta ex dirigenta campesina vio cómo tres de sus hijos eran colgados en el árbol ubicado al costado de su cabaña. Y como una ironía cruel, los asesinos se encargaron de resarcirla: llegó a tener tres niños más, pero no sabe si son hijos de soldados o de terroristas, pues fue violada varias veces por ambos bandos.

Luego de diez horas de camino, llegamos por fin a Huancasancos, ya de noche. A las siete de la mañana del día siguiente, empezamos a caminar hacia el lugar donde había sido descubierta la fosa. Nos acompañó "Juan", el lugareño, que se había atrevido a advertir, sobre los restos, a nuestro primer guía.

Tomamos un atajo que nos llevó hasta un camino escondido, que atravesaba tierras de cultivo, riachuelos y muchos cerros. Cuando llegamos a un maizal lleno de plantas amarillentas, Juan nos anunció que nos encontrábamos en el lugar. Nos señaló un cerro inmenso.

"Son como cinco cuevas", nos dijo. "Todas tienen huesos", agregó. Efectivamente, era así. Luego de repasar, una a una, las cinco cavernas, pudimos calcular que los restos óseos podrían pertenecer, aproximadamence, a unas cien personas.

Las osamentas, confundidas entre restos de ropas y sogas, se encuentran repartidas en las cinco cuevas, separadas apenas por unos pocos metros.

Los dos primeros socavones tienen restos de hollín sobre las paredes de roca, como si alguien hubiera intentado incinerar algunos restos. Y de hecho, algunos huesos tienen signos de haber sido sometidos a la acción del fuego. Un cráneo con dos orificios de bala (de entrada y salida, aparentemente) fue el que nos dio la macabra bienvenida, en la primera de las cuevas.

En una de las cavernas, un derrumbe ocurrido hace algún tiempo ya se encargó de sepultar a un promedio de treinta esqueletos, según nos refiere Juan. Nuestro guía afirma además que, aunque los comuneros de Huancasancos no se atreven a hablar, por temor a las represalias, muchos de los que tienen familiares desaparecidos, están convencidos de que se encuentran en alguna cueva y por eso acuden a rezar al lugar, cada cierto tiempo.

Por lo escarpado del camino que nos condujo hacia las grutas, podríamos suponer que las personas cuyos restos se encuentran ocultos en este cerro, llegaron vivas hasta el lugar. Y aunque no encontramos casquillos de bala, es necesario tener en cuenta que probablemente ya hayan transcurrido como catorce o quince años, desde que se produjeran estas ejecuciones.

Según el relato de Juan, en noviembre de 1983 llegaron los senderistas al pueblo de Huancasancos. Intentaron aleccionar a los lugareños, a punta de dinamita y fusiles.

"En mayo de 1984 -cuenta Juan- llegó la policía, con sus helicópteros. Mataron a todos los que tenían polos rojos. Un mes después de eso, se instaló el puesto policial. Y así estuvimos tranquilos, hasta noviembre de ese año".

Lo que ocurrió entonces, fue que Sendero Luminoso aprovechó la celebración de una fiesta de la comunidad para ingresar y matar a un policía que había llegado desde Huamanga.

"Entonces llegaron seis helicópteros del Ejército, a buscar a los terrucos. Desde entonces, a fines de 1984, el Ejército se instaló permanentemente en Huancasancos. Esa fue la peor época. A la gente la mataban, incendiaban sus casas. Desde fines de 1984 en adelante, empezaron a ocurrir las desapariciones", recuerda Juan.

Esa confusión, ese pánico ante cualquier extraño, ya sea soldado o terrorista, permanece aún en el relato de Juan, quien asegura que la población de Huancasancos se sometía a la imposición de los militares, aunque se sintieran en igual o peor peligro con ellos. Razones no les faltaban.

"Mataban inocentes. Mis padres nos mandaban a mí y a mis hermanos fuera de Huancasancos, para que no nos pase nada. Estuvimos fuera varios meses. A1 regresar, encontramos las casas abiertas, sin gente adentro. Era la época en la que Sendero bajaba y mataba a los pobladores con machetes, picos y palas. Toda la población dormía en la iglesia y el Ejército la rodeaba, cuidándonos", dice Juan.

Pero a pesar de las cobardes y sanguinarias tácticas de los integrantes de Sendero Luminoso, nada justifica, en modo alguno, la guerra sucia desatada por la policía y especialmente, por el Ejército, en la provincia de Huancasancos, a partir dc 1982. Y las cinco cavernas con restos humanos, que hoy LIBERACIÓN muestra a sus lectores, son -muy probablemente- la silenciosa evidencia de todo el terror desatado en aquella época, a lo largo de todo el departamento de Ayacucho, no sólo por el terrorismo de Abimael Guzmán, sino también por militares tan o más salvajes que los mismos senderistas. Para impulsar esta tesis, basta con recordar a un solo general, jefe político militar de Ayacucho, a partir de 1982: Clemente Noel Moral. Su nombre basta. No necesitamos abundar en detalles.

Los reportes de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) registran la crueldad con la que tanto Sendero Luminoso como el Ejército Peruano se ensañaron con la población del distrito ayacuchano de Huancasancos.

Según APRODEH, el 15 de febrero de 1983, un grupo de comuneros de Huancasancos se enfrentó a Sendero Luminoso en Saccsamarca, una localidad muy cercana a Sancos, la capital de dicho distrito ayacuchano. Como producto de esa acción, los senderistas decidieron atacar a la comunidad y llevar a diez comuneros de Saccsamarca hasta Huancasancos. Nunca más se supo de estas personas.

Las represalias indiscriminadas del Ejército no se hicieron esperar Al día siguiente -es decir, el mismo 16 de febrero- soldados del Ejército y miembros de la Guardia Civil llegaron a Huancasancos, pues, al parecer, los terroristas continuaban en dicha zona. Cuando llegaron los efectivos de la policía y de las Fuerzas Armadas, los guerrilleros huyeron, abandonando el pueblo rápidamente. A pesar de ello, los soldados llegaron a Huancasancos y rompieron fuego contra la población indefensa, matando a gente inocente que lo único que intentó en ese momento fue no dejarse detener.

En esa acción murieron los comuneros Isabel de Quispe, Nimio Paria, Luisa Gonzales, Luciano Salcedo, Cleto Meza, Marcial García y otros más.

Muchos de los pobladores fueron detenidos. Los campesinos se vieron en la necesidad de enarbolar banderas blancas, para detener la violencia.

Pero la guerra sucia parecía no tener fin. El 20 de febrero -apenas cuatro días después de lo ocurrido-, una columna de sesenta terroristas ingresó a Huancasancos. Asesinaron a los nuevos dirigentes comunales, recientemente nombrados. Murieron siete personas, entre pobladores y subversivos. Antes de que se produjera el ataque, cuando los lugareños habían detectado a los senderistas en las alturas, enviaron emisarios a avisar a la base militar de Huancapi. Ni un solo soldado apareció para defenderlos.

Lo que sí hicieron las Fuerzas Armadas fue llegar al día siguiente, cuando ya todo había ocurrido y los siete cadáveres yacían sobre la plaza principal. Esto ocurrió el 21 de febrero de 1983 y fue uno de los peores crímenes cometidos por el Ejército en Huancasancos. Una patrulla llegó, bajo el mando del capitán Edgardo Acevedo y de otro capitán de apellido Vásquez. Detuvieron en el camino a veinte personas, a quienes, luego de torturar, ametrallaron. Algunos fueron quemados o tirados al río, en el puente de Huancasancos. Los nombres de los comuneros asesinados en aquella oportunidad por el Ejército son Walter Timpo, Félix Huamaní, Bernardo Huaripáucar, Augusto Meza y otros.

Otros detenidos por el Ejército Petuano y cuyos restos probablemente se encuentren en las cuevas que aquí presentamos, son Mavilón Guzmán Calvancante, desaparecido el 2 de octubre de 1983; Máximo Cárdenas Sulca, desaparecido el 7 de diciembre de 1983, y Raúl Alarcón Gonzales, Cirilo Quispe Salcedo Parian, Leonidas Vílchez Gonzales y Máximo Mamerto Vílchez Gonzales, desaparecidos el 21 de diciembre de 1983.

Sin embargo, aunque las denuncias abundan en Huancasancos, éstas no expresan, ni remotamente, la verdadera cantidad de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales perpetradas en este distrito ayacuchano. Esta es una situación que se repite a lo largo y ancho de todo el departamento.

Según un informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, "de Ayacucho se han reportado y denunciado un porcentaje muy pequeño de violaciones a los derechos humanos, ocurridas en los años intensos de la violencia".

El fiscal superior decano de Ayacucho, Esteban Minaya Guerrero, le entregó a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos el número de denuncias por desapariones existentes en los archivos de la Fiscalía de Huamanga.

"Causó sorpresa y preocupación -señala en su informe la Coordinadora- que estas cifras sean mucho menores que las denuncias por desaparición que efectivamente se han pcesentado ante esta Fiscalía. La cifra encregada a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es de 1,348, de las cuales continúan desaparecidas 888 personas. Mientras tanto, los representantes de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Ayacucho aseguran haber denunciado más de dos mil desapariciones en este departamento.

Por otro lado, un informe de APRODEH, correspondiente al quinquenio 1985-1990, da cuenta de otros crímenes contra los derechos humanos, ocurridos en Santa Ana y Pampamarca, comunidades cercanas a Huancasancos. Según APRODEH, el 13 de junio de 1989 desapareció de la localidad de Santa Ana el comunero Domingo Quispe Condori, de 95 años de edad. Entre el 26 y el 27 de junio, también de Santa Ana, desaparecieron Natividad Quispe, Crisóstomo Condori Quispe, Alejandro Quispe Condori, Estanislao Polanco Rojas, Andrés Huamaní, Maura Bautista, Clemente Champión, Francisco Ramírez, Virgilio Barrientos Ramos, Virginio Barrientos Polanco, Esteban Barrientos Vega, Ignacio Tito y Francisco Ramos.

"El 9 de junio de 1989 -relata el informe de APRODEH- en horas de la tarde, una patrulla del Ejército peruano, conformada por unos veinte soldados de la base militar de Huancasancos, incursionó en la comunidad de Santa Ana. Rubén Condori y Oseas Sánchez, quien sufre de retardo mental, regresaban de pastar vacas, cuando se percataron de que los militares habían allanado y saqueado la vivienda del primero. Los militares se los llevaron detenidos a la base de Huancasancos, fueron encerrados en un pozo y torturados en horas de la noche, acusados de terroristas. Permanecieron allí hasta el 13 de junio".

El relato de APRODEH, realizado en base a los testimonios de los integrantes de la comunidad, señala que "ese mismo día (el 13 de junio), a las ocho de la mañana, los militares, en número de 35, al mando de un mayor de apelativo "Cóndor", volvieron a incursionar en el pueblo. Luego de reducir a los pobladores en la plaza, los militares se dedicaron a allanar y saquear las viviendas. Una de éstas fue la de Domingo Quispe Condori, de 95 años de edad, a quien luego de golpear, le dispararon en la cabeza. Los militares se retiraron a las tres de la tarde, después de incendiar los archivos de la comunidad que estaban en su local comunal.

Pero el salvajismo de estos soldados de la base de Huancasancos no tuvo fin, durante mucho tiempo.

"El 26 de junio -sigue el informe de APRODEH- a las cuatro y treinta minutos de la madrugada, los militaces volvieron a incursionar en Santa Ana. Reunieron a viva fuerza a los pobladores en la plaza principal, torturando a mujeres, niños y ancianos. Las mujeres y niñas fueron violadas en los confesionarios de la iglesia. Antes de irse, asesinaron a tres personas, hirieron de bala a otra y con arma blanca a una menor de trece años. Los militares se retiraron el 27 de junio. Ese mismo día, a las cinco y treinta de la mañana, los militares incursionaron en San Francisco de Pampamarca, donde saquearon, violaron y asesinaran a diez pobladores. Se retiraron en la madrugada del 29 de junio".

Mientras hoy recordamos toda esta barbarie, la presencia del Ejército en el departamento de Ayacucho continúa. Todos los domingos hay desfile y parada militar. Y el miedo hacia los soldados no se ha desvanecido todavía. En todo Ayacucho -y especialmente en provincias como Huancasancoshay mucho temor a hablar. Existe el gran temor de que se vayan los militares, y de que esto pueda originar el resurgimiento de Sendero Luminoso. Pero, paralelamente, hay un rechazo profundo hacia los abusos del Ejército. Existe también el enorme temor a las represalias. Por eso, nadie se atreve a denunciar la prepotencia castrense y los crímenes cometidos por los militares. A ningún poblador se le ocurriría, por ejemplo, recordar a los desaparecidos de Ayacucho.

Un ejemplo de esto es que, desde 1995, la Covrdinadora Nacional de Derechos Humanos organiza cursos de derechos humanos, destinados a los pobladores de las comunidades indígenas ayacuchanas. Esto ha contribuido bastante a despertar la memoria de los carnpesinos. A raíz de esto, se reportaron muchos casos de intimidación de parte de los soldados hacia los asistentes al curso. "¿Qué me va a hacer a mí derechos humanos, si yo a un perro lo hago desaparecer?", dice un comunero que le dijo uno de los soldados que trató de impedirle que abandonara su localidad con el fin de asistir a uno de estos cursos impartidos por la Coordinadora.

Los campesinos de Accomarca, el distrito ayacuchano, esperan justicia desde hace casi dieciséis años. Este 14 de agosto se cumplirá un aniversario más de la masacre que arrasó con más de la mitad de la población del anexo de Lloqllapampa, a donde LIBERACIÓN llegó este fin de semana para comprobar que el dolor y la impotencia no se agotan con el tiempo.

Llegar hasta Lloqllapampa no es una tarea fácil. Regresar, menos aún.

El camino desde Huamanga hasta Vilcas, la capital de la provincia de Vilcashuamán, toma unas tres horas, aproximadamente. Desde allí, una hora y media más nos separan de Accomarca. Hasta ese lugar llegan los vehículos. A partir de entonces, hay que cruzar, a pie, una montaña inmensa. Son, en total, una hora y quince minutos de bajada, que no se extienden más de lo necesario, gracias a la atenta guía de Daniel Palacios Quispe, uno de los comuneros de Lloqllapampa que han decidido acudir a los periodistas para clamar por justicia.

Durante la ruta, se nos unen Cesáreo Gamboa de la Cruz y Eusebio Baldeón Pulido, a quienes Daniel recoge de sus casas, enclavadas en medio de la puna. Los tres nos llevan, con el paso firme y la voluntad resuelta, hasta el lugar de los hechos.

Cesáreo y Eusebio son los dos testigos que le quedan a Lloqllapampa, para reconstruir el pasado y señalar a los culpables. Vivieron, durante diez años, ocultos en Lima, pues el Ejército los buscaba en Ayacucho, para matarlos y asegurar su impunidad. Recién volvieron a ocupar sus tierras en 1995. Mientras caminamos, nos cuentan la historia, desde el principio.

En julio de 1985, llegó a la escuela primaria de Accomarca un profesor proveniente de Huaraz. Como pertenecía a Sendero Luminoso, inició su labor proselitista entre los comuneros de la provincia. Muy pocos lo siguieron. Al final, en los primeros días de agosto, llegaron a ser alrededor de quince los integrantes de la escuela popular fundada por este maestro, a quien nunca se llegó a capturar.

Una patrulla militar, perteneciente al cuartel de Vilcashuamán, detuvo a un integrante del grupo subversivo, quien confesó la existencia de la escuela de senderistas, cuyo lugar de reuniones estaba ubicado muy cerca a la comunidad de Lloqllapampa.

Esto le bastó al Ejército para sacar sus conclusiones apresuradas y decidir hacia dónde dirigiría esa vez, sus fusiles. El 9 de agosto de 1985, la patrulla "Lince Siete", dirigida por el entonces subteniente Telmo Hurtado Hurtado, llegó hasta la comunidad de Lloqllapampa. El primero en verlos fue Eusebio Baldeón.

"Yo estaba arriba, en el pueblo -recuerda Eusebio-. Los senderistas nos botaron para acá. Váyanse para la parte de abajo, nos dijeron, porque van a llegar los militares y los van a matar. Nos botaron del pueblo. Por eso, varios de los que ya no estaban en el pueblo han muerto aquí. Aquí han muerto mis primos y mis hermanos".

Eusebio logró escapar de los militares. Oculto en uno de los cerros aledaños, fue testigo de la masacre, de principio a fin. "Mataron a mis carneros -cuenta Eusebio- y se los comieron. Al día siguiente se fueron, tranquilos. El 13 vinieron a la feria y se quedaron hasta el 14. Allí juntaron a todos, casa por casa. Los golpearon. Hasta las once de la mañana los golpearon. Después los trajeron a toditos, los metieron en la casa. Reventaron de balas, hasta granadas botaron tres veces. Casi en hora y media han matado a toditos. Perdí a seis primos y a dos sobrinos. Mi cuñada también ha muerto".

Sesentinueve personas, entre ellas, veintitrés niños, muchos ancianos y algunas mujeres embarazadas, fueron asesinadas por Telmo Hurtado y su patrulla. Todos fueron distribuidos en tres grupos: el primero, el de los niños fue encerrado en el ambiente principal de la casa de Cesáreo Gamboa, el testigo más importante. El otro grupo, el de los hombres, fue recluido en la cocina de la casa de Cesáreo. A las mujeres y a los ancianos los llevaron a la casa de la suegra de Cesáreo, ubicada a muy pocos metros de los otros dos recintos.

Luego de encerrarlos, descargaron toda la fuerza de sus fusiles FAL sobre ellos. Minutos después, les lanzaron granadas. Al final, los quemaron. El relato de Cesáreo produce escalofríos.

"Yo y mi esposa estábamos escondidos en las alturas del cerro -cuenta Cesáreo, con los ojos sobresaltados-. Igual los agarraron a todos los que estaban escapando y los reunían de todas sus casas, para traerlos acá. Y acá los han empezado a torturar. Los golpeaban. Yo estaba escondido en el cerro. Los soldados trajeron a la gente con engaños. Les hacían arrodillarse para pedir disculpas. A los que encontraban por allá, los mataban en el camino. Yo escapé con la ropa que tenía puesta, nada más. Me escondí detrás del huaico y dejé a todos mis hijos. A todos ellos los mataron y los quemaron".

Cesáreo perdió a sus tres hijos, de seis, ocho y diez años. Él y su esposa los vieron morir, desde las alturas del cerro.

Uno vino a morir junto con sus hijos, porque no quería dejarlos solos -recuerda Cesáreo-. Los soldados, después de haber quemado a toda la gente, se fueron hacia Accomarca, salieron hacia el pueblo, pero desde arriba siguieron disparándonos a los que habíamos escapado y volvíamos por el cerro. A1 señor Pastor Gómez lo encontraron en el camino y lo mataron. Nosotros lo enterramos debajo de este árbol".

Luego de la masacre, el Ejército abandonó el lugar. Fue entonces que los sobrevivientes -entre ellos Cesáreo y Eusebio- salieron de sus escondites y bajaron a recoger los restos de sus parientes. Todos fueron enterrados en distintas fosas. La más grande de ellas, situada al pie de un árbol de avellanas, es la que los comuneros han decidido abrir, para demostrar que no han olvidado nada de lo sucedido y que siguen reclamando justicia y castigo para los culpables.

"Los cuerpos fueron trasladados, por pedazos, hasta la tumba abierta por nosotros mismos. Nadie dijo nada, nadie hizo nada para poder buscar la justicia. Todo quedó ahí, en el olvido", señala Cesáreo, quien junto con Daniel y Eusebio, inicia la triste tarea de reabrir la fosa común que alberga -entre otros- los restos de los tres niños que le mató el Ejército.

Luego de diez minutos de cavar y cavar, aproximadamente a cincuenta centímetros bajo tierra, empiezan a aparecer las primeras huellas calcinadas.

Vemos salir de la tierra una pequeña ojota, tal vez de Agripina, la menor de las hijas de Cesáreo.

Daniel la recoge con la punta del pico y la posa sobre el montón de tierra que ya se ha juntado al lado de la tumba reabierta. Afloran también ropas con los bordes deshechos por el fuego y huesos frágiles y delicados, de niño.

Cesáreo, Daniel y Eusebio se dan de bruces contra el pasado. Cogen con sus propias manos los restos, con una naturalidad que sorprende. Los dedos del viejo comunero se hunden en la tierra y es como verlo besar a la hija muerta o acariciar las canas del padre anciano, a quien rompieron las costillas a patadas, antes de quemarlo en una de las casas. Entre lo que queda de los cuerpos, aparece un casquillo de FAL que los soldados no alcanzaron a llevarse.

"Son sesentinueve campesinos, son sesentinueve vidas -reclama Daniel-. Nosotros queremos que se castigue a los culpables. De parte de Sendero hubo culpables. Y los militares también son culpables. Los dos son culpables. Porque los militares pensaron que todo el pueblo era de Sendero, creyeron que todos éramos terroristas. En eso se equivocaron, se confundieron con los inocentes. Y los verdaderos culpables, al saber, al presenciar a los primeros soldados, escaparon. Los paganos fuimos los de la comunidad, los campesinos, las campesinas".

Los lugareños afirman que ésta no es la única fosa, pues aseguran que aparte de las sesentinueve víctimas de la masacre de Lloqllapampa- hay otras personas que también fueron asesinadas. "De Accomarca, por lo menos, han asesinado a más de cien personas. A algunos sabemos dónde los han matado. De algunos no sabemos nada", nos explica Daniel, quien perdió a su padre el 14 de agosto de 1985.

"Mi padre se llamaba Albino Palacios Quispe -nos cuenta-. Él murió con su esposa, Felícita Martínez Baldeón. A los dos los mataron acá, en esta casa. Ellos ya eran mayores. Tenían setentiocho años. Teníamos una huerta en Carhuayacu. Mi padre solamente venía llevando su frutita a la feria, haciendo su negocio. De regreso, se encontraron con los militares. Y creyeron que eran senderistas. Eso es lo que pasó con muchos. Confundieron a muchos, muchos. Aquí han muerto todos los inocentes. Aquí ningún culpable ha muerto".

En el local de la Base Militar de Accomarca, por ejemplo, los campesinos presumen que debe haber otra fosa común, abierta por los mismos militares. "En diez años, por lo menos treinta personas entraron allí y a ninguna se le volvió a ver jamás", nos cuentan.

El alcalde de Accomarca, Hernán Gómez Tecse, ha decidido unirse al reclamo de los comuneros. Él recuerda el día en el que llegaron los militares, un día antes de la masacre.

"Es una situación muy desgraciada, lamentable -comenta-. Aquí han muerto personas inocentes. Yo en esa época tenía once años. Perfectamente recuerdo haber visto llegar a los militares, porque pasaron por donde yo tenía mi choza. Los vi pasar, cuando ellos llegaban, el 13 de agosto de 1985".

Accomarca es uno de los lugares más olvidados de nuestro país. No hay plata para comer ni para promover el desarrollo. El distrito es considerado un "municipio menor", lo que significa que no recibe ni un sol del fondo de compensación municipal. Es fácil deducir entonces en qué prioridad se encontrarán, en esta pobre ciudad, los derechos humanos.

"Nos hemos acercado a instancias superiores y organizaciones de derechos humanos, pero lamentablemente no hemos sido escuchados -denuncia el alcalde-. Los gobiernos de turno no nos toman en cuenta, no nos valoran. Es como si no quisieran remover nada, como si quisieran que todo quedara como está. Eso ha hecho también que los campesinos dejen de creer en los gobiernos. Aquí han venido diputados famosos. Olivera y Valle Riestra han pisado esta tierra, pero desgraciadamente, ¿qué cosa hicieron para la gente? nada".

Lejos de hallar justicia, los comuneros de Accomarca han debido soportar afrentas tan grandes como la impunidad de Telmo Hurtado Hurtado, su verdugo.

Entre 1985 y 1996, Hurtado pasó de ser sub teniente, a convertirse en mayor del Ejército Peruano. Luego de la matanza que dirigió, debieron transcurrir seis años para que el Consejo Supremo de Justicia Militar decidiera condenarlo. Sin embargo, la pena y el delito resultaron ridículos: siete años de prisión por abuso de autoridad.

Aunque parezca increíble, ni siquiera esa exigua condena fue cumplida, pues Hurtado fue favorecido -junto con el grupo Colina- por la Ley de Amnistía, en 1995. Luego de esto, continuó en el servicio activo hasta 1999, año en el que el Instituto de Defensa Legal denunció que Hurtado se desempeñaba como coordinador de la Base de San Ignacio con los comités de autodefensa, en la Sexta Región Militar.

El 13 de mayo de 1988, una columna armada de Sendero Luminoso tendió una emboscada a un convoy militar del Ejército peruano en Erusco, anexo del distrito de Cayara de la provincia de Víctor Fajardo, en el departamento de Ayacucho. En el combate perdieron la vida un capitán del Ejército y tres soldados. Cuatro senderistas también murieron en la acción.

Un día después, 180 soldados del Ejército ingresaron al poblado de Cayara y asesinaron al primer habitante que se encontraron en su camino cuyo nombre era Esteban Asto. Registraron las casas, incendiaron algunas y tomaron la municipalidad. Llegaron hasta la iglesia del pueblo y fusilaron a cinco hombres que se encontraban en la iglesia desarmando un tablado.

Continuando con su macabro acto, asesinaron a cerca de cien personas separando a algunas mujeres y niños. Para matarlos utilizaron cuchillos, machetes, bayonetas e instrumentos de labranza. A los que no morían se les remataba con un balazo en la sien.

Luego, el comando político militar de la zona, al mando del general Luis Valdivia Dueñas, denunció la emboscada del día 13 de mayo ante el fiscal de la provincia de Cangallo y Huancapi afirmando que en la emboscada habían participado cerca de cien subversivos de la provincia de Cayara y otros pueblos cercanos.

En el Congreso se creó la comisión investigadora encabezada por el senador aprista Carlos Enrique Melgar. Dicha comisión era integrada también por los parlamentarios Javier Diez Canseco y Gustavo Mohme Llona. El informe Melgar, presentado el 9 de mayo de 1989, absolvió de toda responsabilidad al genecal Luis Valdivia Dueñas así como al resto de militares implicados en el caso.

Cuando una testigo logró identificar a un familiar asesinado brutalmente en Cayara, Melgar pidió que esa diligencia sea declarada nula, pedido que fue rechazado por la Sala Penal de Ayacucho quien ordenó una nueva diligencia.

El fiscal Carlos Escobar, quien fuera premiado luego por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos internacionales, logró reunir los testimonios de campesinos sobrevivientes a los que a duras penas logró investigar ya que los militares y las autoridades del Ministerio Público le ponían trabas.

Meses después, los cuerpos fueron hallados en fosas comunes. Los posteriores exámenes forenses comprobaron que los campesinos fueron asesinados salvajemente y no en un enfrentamiento como argumentaban los militares.

Cuando Carlos Escobar estaba a punto de cerrar la invesúgación y denunciar a los responsables, fue cesado del cargo con el pretexto de que no había dinero para continuar con las investigaciones, cosa que era falsa porque se le comisionó para investigar las desapariciones en la selva donde se gastaba lo mismo que en Cayara.

Christian Capuñay

Corría el año 1988 y el país era gobernado por Alan García Pérez. El 14 de mayo de ese año un grupo de militares, al mando del general Luis Valdivia Dueñas, asesinaron salvajemente a campesinos de la provincia de Cayara, en Ayacucho, en venganza por una emboscada que sufrieron a manos de terroristas de Sendero Luminoso y en la que perdieron la vida cuatro miembros del Ejército Peruano.

Cuando la denuncia fue hecha pública, el entonces fiscal Carlos Escobar tomó la investigación a su cargo y se topó con una serie de obstáculos que al final lograron que los autores intelectuales y materiales de la masacre así como los asesinatos de los testigos claves, quedaran impunes.

A más de trece años de los hechos, Carlos Escobar -ahora dedicado a la defensa de los Derechos Humanos- narra cómo, desde el Ejército, el Congreso y el Ministerio Público se impidió la investigación y revela cómo una versión de un testigo de primera mano, compromete directamente al presidente de la República de ese entonces, Alan García Pérez, en el ocultamiento de las pruebas.

¿Qué pasó en esa reunión que sostuvo con Alan García el 22 de mayo de 1988?

- Cuando yo estaba investigando en Ayacucho, el presidente Alan García viajó a esa zona y solicitó una reunión conmigo en el hotel de turistas. En una habitación del segundo piso nos reunimos. Allí cometí el error de informarle sobre las pruebas e indicios que yo había logrado reunir en el transcurso de la investigación. Le dije que los cuerpos encontrados tenían huellas de haber sido asesinados con cuchillos, machetes, etc. Y no con balas como decía el Ejército, por eso pedí que vinieran médicos de Lima para certificar la causa de la muerte.

¿Qué pasó después?

- Los médicos no llegaron a tiempo y los cadáveres fueron removidos del sitio dónde fueron encontrados.

¿Cómo relaciona este hecho con el ex presidente García?

- Más adelante, cuando yo ya había dejado la investigación me encontré con el coronel Rafael Córdova, quien era el segundo de Luis Valdivia Dueñas en la zona de Ayacucho. El me narró que inmediatamente después de terminada la reunión que tuvimos, García ordenó viajar a Cayara en helicóptero y ordenó que los cadáveres de las fosas encontradas fueran removidos de su sitio y que borraran las huellas de sangre de la iglesia donde asesinaron a varios campesinos.

¿Por qué no denunció este hecho?

- Cuando obtuve esta versión la llevé a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente la Corte no se pronunció sobre el fondo del caso.

Escobar manifestó que durante todo el proceso de investigación pudo comprobar la forma en que se trató de encubrir el caso para no sancionar a los responsables. "Había una desesperación por evitar que se sepa la verdad" señala. "Incluso a pesar de todos los pedidos que hicimos para darle garantía a los testigos que habían aceptado declarar, nunca se procedió a hacerlo, hecho que permitió que los testigos fueran asesinados". El ex fiscal asegura que los pedidos de garantía para la vida de los testigos los hizo llegar al propio Fiscal de la Nación de ese entonces, Hugo Denegri quien no procedió a aceptar la petición.

"Eso ocurrió con uno de los testigos presenciales, Martha Crisóstomo, quien logró identificar el cadáver de su tía y para quien yo pedí ante el fiscal de la Nación que la saquen de la zona porque su vida corría peligro. Sin embargo, esto no se hizo y esta persona fue asesinada, lo cual puede ocasionar que una nueva investigación termine responsabilizando por comisión por omisión", indicó.

Sostuvo además que los peritos que practicaban los exámenes a los restos humanos hallados en Cayara no decían la verdad en sus informes y trataban de ocultar la verdad dictaminando falsamente con la intención de encubrir el hecho.

Asimismo, Escobar confirma que ya desde el gobierno aprista, el prófugo ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos controlaba al fiscal de la Nación y que su intervención pudo ser decisiva para conseguir que el crimen quedara impune.

En uno de los últimos vladivídeos, Montesinos cuenta cómo Luis Valdivia Dueñas le pide ayuda para solucionar el problema en que estaba envuelto.

¿A usted le consta su intervención?

- El general Jaime Salinas Sedó ha declarado que Montesinos era el abogado de Valdivia y todo el mundo sabía que este individuo asesoraba al Fiscal de la Nación Hugo Denegri, por lo que tenía toda la información necesaria. Incluso en una oportunidad yo dejé información sobre las investigaciones al secretario del fiscal Denegri, de apellido Rodas. Más adelante ingreso al despacho de Rodas y me encuentro con Montesinos que estaba revisando el expediente y la información que dejé como si nada, incluso fotocopió lo que yo había dejado. Cuando me quejé con Rodas de ese hecho me dijo que todo era una orden del fiscal.

El Congreso no fue ajeno a la obstaculización que padeció durante toda la investigación. La comisión parlamentaria que investigó el caso, encabezada por Carlos Enrique Melgar y que era integrada en su mayoría por senadores apristas, cuestionó la investigación realizada por Escobar y en su informe en mayoría terminó absolviendo de toda responsabilidad a los militares implicados en los asesinatos.

Escobar denunció un hecho sumamente grave y que la comisión de la verdad próxima a instalarse deberá investigar a Fondo.

El senador Carlos Enrique Melgar solicitó copias de los avances de la investigación. Yo se la envíe al Fiscal de la Nación para que éste a su vez la trasladara al senador Melgar. Días después tres testigos importantes, cuyos nombres se encontraban en la información que remití, desaparecieron extrañamente.

¿A quiénes iba a denunciar?

- Cuando presenté el informe denunciando los hechos y diciendo que iba a denunciar a Valdivia, abruptamente se me sacó del cargo argumentando que no había dinero para continuar con las investigaciones, cosa que es falsa. Nunca vi un caso en el que hubiera tantas pruebas del delito pero no se sancionó a nadie.

¿Piensa que una nueva investigación debería ampliarse al ex presidente García y a Denegri?

- Creo que sí y creo que la Comisión de la Verdad que se creará debe jugar un papel importantísimo.

¿Estaría dispuesto a integrarla en caso se lo pidan?

"Yo y mi esposo votamos por Fujimori en la segunda vuelta de 1990 y después él mandó matar a mi esposo", afirma con dolor Eugenia Lunasco, la viuda de Máximo León León, que se quedó con su tristeza y sus siete hijos luego de la brutal masacre de Barrios Altos.

En la vieja casona persiste el miedo. Se puede apreciar en los rostros de los vecinos que ocultan la mirada ante los extraños, que se niegan a responder a las preguntas que se les formulan y que esconden los rostros ante las cámaras fotográficas.

No lo dicen, pero saben que cualquier declaración los puede indisponer con el régimen, al que la mayoría de ellos culpa de la masacre, aunque la mayoría prefiera no decirlo, como Eugenia.

"El gobierno es el culpable, es su gente la que hizo esto", repite la viuda, recordando todos los momentos amargos que tuvo que afrontar desde esa trágica fecha.

Eugenia cree como muchos peruanos que diez años de gobierno son demasiado y que pese a la pacificación de que se jacta el gobierno, también tiene que responder por la "guerra sucia" que provocó víctimas inocentes como su esposo. "Ellos, sin verificar, vinieron a matar, declara.

Hasta el 3 de noviembre de 1991, la familia León-Lunasco vivía feliz en la vieja casona de dos pisos. En los que las mayores penurias consistían en evitar las aguas servidas.

Luego de la muerte de Máximo León ya nada fue igual. Los hijos mayores tuvieron que abandonar el colegio, para mantener la economía familiar.

"El señor presidente se llenó la boca diciendo que nos iba a ayudar pero nunca cumplió. A nosotros nunca nos pagaron una indemnización, como sí ocurrió con los familiares de La Cantuta, pese a las promesas del presidente Fujimori", afirma Eugenia.

Para enterrar a los dieciséis muertos, las humildes familias tuvieron que aportar sus escasos ahorros. Los cajones los donó el entonces alcalde de Lima, Ricardo Belmont, una de las pocas autoridades que se apiadó de su dolor.

Lo peor de todo es que nunca se investigó el crimen. Las investigaciones judiciales quedaron paralizadas luego de que fiscales y jueces independientes convocaran a los presuntos responsables, los miembros del Grupo Colina.

El gobierno, principal responsable de la masacre, promulgó una Ley de Amnistía en momentos que la fiscal Ana Cecilia Magallanes presentara su acusación. Martin Rivas y los demás miembros del grupo jamás fueron llamados a proceso.

Después se retiraron de la Corte Interamericana que estaba viendo el caso: el objetivo era que el crimen quede en el olvido y el gobierno no sea sancionado por su responsabilidad.

Sin embargo, las cosas no están definidas, porque la corte sigue adelante con el proceso, pese a la decisión del gobierno que quiere escapar de la justicia internacional.

Eugenia Lunasco no quiere saber nada con el gobierno de Fujimori, sabe que la mayoría de indicios lo acusan. La prueba más inmediata es aquélla que señala que los asesinos llegaron en dos carros oficiales: uno de Palacio de Gobierno y el otro del Ministerio del Interior.

"Yo sé por las noticias que fue así, no podría decir sí o no porque no he visto, pero parece que sí es cierto, porque los bomberos vieron cuando los carros se iban", señala.

"Mucha gente se calló porque no quieren hablar", aclara luego. A casi nueve años de la masacre, el miedo sigue presente en los vecinos de la casona. La mayoría de ellos huye de los extraños, no quieren decir nada que los comprometa.

Eugenia hasta el momento no sabe por qué mataron a Máximo, el artesano de 40 años, que lo único que deseaba era que el dinero de la pollada trágica sirviera para arreglar las tuberías del desagüe que perjudicaban la salud de sus menores hijos, arrojando aguas servidas.

La versión más repetida en estos últimos años es que alguno de los muertos tenía alguna vinculación con Sendero Luminoso. Eugenia recuerda a una de las 16 víctimas, el joven León Borja, al que una vez detuvieron portando unos volantes de la organización subversiva, pero a nadie más.

La otra versión que circuló luego de la masacre es que la mayoría de ellos era ayacuchanos, un pecado en tiempos de subversión. Una versión que debió llegar a oídos del Servicio de Inteligencia. Pero León Borja era de Chachapoyas.

El dolor de Eugenia se aviva cuando recuerda que en esos días sus pocos ahorros los utilizaban para trasladar a su menor hijo, Elías León, de hospital en hospital. Y es que el niño nunca logró hablar ni pudo caminar.

El cuidado que le dispensaba a su hijo, impidió que Eugenia participase de la pollada. Ella se encontraba en el interior de su domicilio cuando los sicarios del grupo Colina llegaron para ejecutar el crimen.

Tampoco escuchó nada, porque los asesinos utilizaron silenciadores. Sólo momentos después, ante los gritos aterrorizados de los vecinos, pudo ver su esposo junto a los demás muertos.

"Me encontré con un cuadro para no creerlo. Mi esposo estaba muerto", recuerda con singular tristeza. Apenas cuatro sobrevivientes pudieron contar los detalles de los asesinos y brindar las primeras pistas que acusaban al gobierno y al SIN.

Nueve estudiantes (Juan Gabriel Mariño, Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Robert Teodoro Espinoza, Marcelino Rosales Cárdenas, Felipe Flores Chipana, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Amaro Cóndor y Heráclides Pablo Meza) y un profesor (Hugo Muñoz Sánchez) de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle "La Cantuta" son detenidos por miembros del Ejército. (Julio 1992)

El rector de La Cantuta, Rafael Laynes Bastante, denuncia la desaparición de los estudiantes y el profesor ante la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). (Julio 1992)

El jefe de la II Región Militar de Lima, gral. Luis Salazar Monroe -hermano del nombrado jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Julio Salazar Monroe-, niega que se haya realizado un operativo militar en La Cantuta. Poco después fue enviado a Washington como agregado militar.

El Jefe del Comando Conjunto, gral. Nicolás Hermoza Ríos, niega que el Ejército haya realizado detención alguna en dicha universidad. (Agosto 1992)

El gral. Hermoza admite que se realizó una "operación de rastrillaje" en La Cantuta en julio de 1992, y que los "presuntos desaparecidos vienen apareciendo por Huancayo y por otras localidades, desmintiendo que hayan sido detenidos por la fuerza del orden". (Enero 1993)

La organización secreta COMACA (Comandantes, Mayores y Capitanes) hace llegar al congresista Henry Pease un documento anónimo en el que se detalla el operativo de secuestro y asesinato en La Cantuta. En dicho documento se señala como autores directos del acto al my. Santiago Martin Rivas, jefe de los Equipos de "Trabajos Especiales" del Ejército, y al my. Carlos Pichilingue Guevara, con el conocimiento y aprobación del gral. Hermoza, el ex-capitán Vladimiro Montesinos Torres (jefe real del SIN), el gral. Juan Rivero Lazo (jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército -DINTE-), el gral. Luis Pérez Documet, el crnl. Federico Navarro Pérez, el cmdte. inf. Carlos Miranda Balarezo (jefe del BIP No39 La Pólvora, a cargo del control de La Cantuta) y el cmdte. inf. Manuel Guzmán Calderón (jefe del Batallón de Comandos No19). (Abril 1993)

Se constituye una comisión investigadora del Congreso presidida por Roger Cáceres Velásquez. (Abril 1993)

El gral. Hermoza niega nuevamente la participación del Ejército en la desaparición del profesor y los 9 estudiantes, agregando que todo es obra de "personas y sectores opuestos a la política de pacificación del gobierno y con el ánimo de lesionar la imagen de nuestra institución". (Abril 1993)

Los tanques de Hermoza se pasean por las calles de Lima, en un intento de amedrentar a la comisión investigadora del Congreso. El gral. Howard Rodríguez Málaga, comandante de la I Región Militar, lee un manifiesto en el cual intenta justificar la acción basado en "el burdo intento de incriminar al Ejército peruano en una supuesta violación de derechos humanos, utilizando maliciosamente para ello documentos apócrifos y fraguados, por un pequeño grupo opositor de congresistas..." (Abril 1993)

El Gral. Rodolfo Robles denuncia desde Buenos Aires que los autores de la desaparición y asesinato de los 9 estudiantes y el profesor fueron miembros del Ejército comandados por el my. Santiago Martin Rivas y el my. Carlos Pichilingue Guevara, estando presente además el tnte. inf. Portella Núñez Aquilino ("Tnte. Medina") y el tco. Sosa Ramos, con la aprobación del gral. Hermoza y Vladimiro Montesinos. Según el gral. Robles, dichos sujetos participaron también en la matanza de Barrios Altos en noviembre de 1991. (Mayo 1993)

El presidente Alberto Fujimori Fujimori dice que las denuncias de Robles se basan en "documentos apócrifos".

Se inicia una campaña de desprestigio contra Robles, acusándolo de "traidor". (Mayo 1993)

Gilberto Siura, congresista del oficialismo, dice que que todo se trata de una "conspiración contra el gobierno del presidente Fujimori". (Junio 1993)

Gilberto Siura y Jaime Freundt, congresistas del oficialismo, suscriben un dictamen en minoría, aprobado por la mayoría oficialista, en el cual dicen que los desaparecidos de La Cantuta, pueden haberse "autosecuestrado". (Junio 1993)

La organización León Dormido, conformada por oficiales del Ejército en actividad, entrega a la revista Sí un comunicado en el cual informa que los cadáveres de La Cantuta fueron enterrados inicialmente cerca de la Carretera Central, posteriormente trasladados a la playa La Tiza y luego desenterrados ante la denuncia de COMACA y el gral. Robles, para ser incinerados y enterrados nuevamente en Cieneguilla. Todas estas acciones fueron realizadas por el my. Martin Rivas y otros miembros del Ejército. (Julio 1993)

Los restos calcinados de los desaparecidos son encontrados en Cieneguilla. (Julio 1993)

La policía, a través de la DINCOTE, afirma que el croquis que permitió llegar a las fosas de Cieneguilla, es obra de miembros de Sendero Luminoso con la intención de desprestigiar al gobierno y las FF.AA. Juan Mallea Tomailla, pastor evangélico, es arrestado, acusado injustamente de terrorismo y de ser el autor del croquis. Casi un año después es declarado inocente y liberado. (Julio 1993)

La Fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán decide que la Octava Fiscalía Provincial de Lima se retire del caso, dejándolo en manos de la Justicia Militar. La misma Fiscal deja sin protección los restos hallados en Cieneguilla, permitiendo su manipulación por extraños, y niega la participación de expertos internacionales en el análisis forense de los mismos. (Agosto 1993)

Fujimori admite que los asesinos de La Cantuta fueron miembros del Ejército. (Octubre 1993)

La "Justicia" Militar encuentra responsables de los crímenes de La Cantuta al gral. Juan Rivero Lazo, al gral. Federico Navarro Pérez, al my. Santiago Martin, al tnte. Aquilino Portella y al tnte. José Adolfo Velarde. Según COMACA, los acusados nunca cumplieron prisión efectiva. (Diciembre 1993)

Mediante una amnistía decretada por Fujimori y aprobada por el Congreso, los asesinos de La Cantuta son liberados. (Junio 1995)