Cuestiones de IDENTIDAD
Plataforma Ciudadana por una sociedad laica

Plataforma Ciudadana por una sociedad laica

El ideal de la laicidad es una garantía de libertad y de integración democrática. La libertad ideológica y la libertad religiosa son un eje fundamental de las leyes democráticas. Ninguna religión debe gozar de ningún trato de favor ni de ningún privilegio (económico, social, jurídico) en sus relaciones con el poder político.

La neutralidad expresa del Estado (es) el mejor modo de garantizar una efectiva, e igual, libertad de conciencia para todos.
(En Perú) el presupuesto general del Estado sigue incorporando la financiación de la Iglesia, y desarrollando acciones de privilegio a favor de la misma contrarias a los principios de Libertad de conciencia e igualdad de credos.

Es necesario impulsar en la modificatoria de la constitución el Principio de laicidad del Estado y su consecuente reglamento que evite los privilegios de alguna confesión y su participación en los asuntos públicos del Estado, sin quitarles el derecho de participar como instituciones de la sociedad civil, con derecho a opinión y decisión en igualdad de condiciones con cualesquier institución o ciudadano.

En el último cuarto de siglo la sociedad peruana ha experimentado profundas trasformaciones sociales y culturales. Uno de los cambios más significativos ha sido el proceso de secularización y la aparición de un pluralismo moral y religioso que no admite imposiciones dogmáticas de ningún tipo en el ámbito de los valores y las normas morales individuales, sociales y/o religiosas. Así, la religión católica que, durante muchos siglos, fue en Perú la base de las convicciones y prácticas morales contramorales de gran parte de la población, ya no es en la actualidad el único referente ético para una mayoría de los ciudadanos, porque aún sus mismos feligreses practican valores contrarios a sus dogmas.

El fenómeno del pluralismo moral está unido en nuestro país al creciente peso de la moral laica y a la aparición del pluralismo religioso, vinculado, en gran medida, al creciente fenómeno de la inmigración y a leyes que han protegen la libertad de elección religiosa. En estas condiciones los viejos privilegios de la Iglesia Católica pueden conducir a situaciones absurdas y hasta abusivas como sucede en muchos colegios que donde la matrícula se condiciona con el bautismo católico.

Ante estos nuevos fenómenos, la vertebración de una sociedad laica recobra actualidad, porque el ideal de la laicidad, como ya se ha demostrado en otros países, es una garantía de libertad y de integración democrática de las diversas culturas, creencias religiosas y morales que conviven en una sociedad.

El laicismo como filosofía y como movimiento social sostiene que la libertad de conciencia, la libertad ideológica y la libertad religiosa son un eje fundamental de las leyes democráticas de un país y que el Estado debe ser neutral en materia religiosa; es decir, que ninguna religión debe gozar de ningún trato de favor ni de ningún privilegio (económico, social, jurídico) en sus relaciones con el poder político.

Esta filosofía política defiende que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que nadie puede ser discriminado por motivos ideológicos ni religiosos. El objetivo de la laicidad es que cada ciudadano pueda ejercer libremente sus opciones morales, siendo la neutralidad expresa del Estado el mejor modo de garantizar una efectiva, e igual, libertad de conciencia para todos.

Otra aportación importante del modelo de sociedad laica es su positivo significado moral. Muchos enemigos del laicismo y de la laicidad esgrimen el argumento de que sus defensores son hostiles y se dedican al enfrentamiento con la religión; sin embargo el laicismo es, ante todo, una ética ilustrada que promueve los valores de la libertad, de la igualdad y de la justicia entre todos los seres humanos, con independencia de su adscripción religiosa. Por eso, la filosofía de la laicidad defiende que en los países democráticos debe admitirse el pluralismo desde una perspectiva abierta que integre a todos los ciudadanos en la sociedad, al amparo de las mismas leyes y disfrutando de los mismos derechos. El concepto de ciudadanía debe mucho a la filosofía laicista, ya que sostiene la igualdad de trato para todos y la obediencia a unas mismas leyes democráticas que han sido hechas entre todos y que obligan a todos por igual.

Ser ciudadano es ser sujeto de derechos y de obligaciones en el marco de una convivencia democrática, regulada por el respeto a la ley. El origen étnico, cultural o religioso de cada persona puede y debe quedar integrado en el derecho de ciudadanía. Por todo ello, y en consonancia con la perspectiva de un laicismo moderno, consideramos además que éste es un compromiso de acción social orientado a remover los obstáculos objetivos, -económicos y culturales-, que impiden en la práctica el ejercicio de la libertad de conciencia y la autonomía moral.

La Constitución establece el carácter igualitario de ejercicio de la religión, no obstante el Estado peruano, mantiene privilegios a la Iglesia católica, es más ejerce una fuerte influencia en las políticas de desarrollo y sociales del país. La llamada libertad de credos se ve continuamente limitada o perturbada por la permanencia de usos confesionales de carácter oficial que la contradicen y sobre todo por la vigencia de los Acuerdos sobre Asuntos Jurídicos, Económicos, Educativos y Culturales, firmados como tratados internacionales entre el Estado peruano y el Vaticano y que en consecuencia gozan del carácter de ley positiva.

La vigencia de tales Acuerdos se ha demostrado en muchos aspectos incompatible con los valores constitucionales, como es el caso del elección de maestros en los colegios de convenio estatal que son elegidos sin considerar los cuadros de méritos respectivos y no permiten que los maestros soliciten dichas palazas porque tienen que tener el visto bueno del clero católico que dirige la Colegio e incluso de los Párrocos y sacerdotes de cada jurisdicción que no se ajustan a la justicia por ser entidades solventadas por el Estado y no particulares; el establecimiento de las distintas religiones confesionales como materia fundamental en los planes de estudio, o el privilegio de poder obligar a quienes no sigan una asignatura de religión confesional a realizar actividades académicas simultáneas, quieran o no quieran, lo que vulnera la libertad de elección, de conciencia y religiosa. Un caso especial el desarrollo de la asignatura de Religión Católica en todos los colegios del Estado, incluido en el currículo y con la cual muchos alumnos reprueban el año por no aprobar las enseñanzas y prácticas de los valores religiosos católicos cuando ello es una obligación de enseñarlos al clero católico y sus feligreses a través de la familia y una vida ejemplar de acuerdo a la ética que profesan.

El Acuerdo sobre Asuntos Económicos, que financia jugosos sueldos a ciertos representantes de la Iglesia Católica es una burla al pueblo peruano. Por el contrario, aún estando vigente una Constitución que no contempla, a diferencia de otras que si lo contemplaron, la financiación de la Iglesia por el Estado, la realidad es que el presupuesto general del Estado sigue incorporando la financiación de la Iglesia en ciertos rubros como el cofinanciamiento de sus colegios a través de convenios preferenciales.

Por todo ello, invitamos a las organizaciones peruanas a plegarse al presente manifiesto con el ánimo de extender a toda la sociedad peruana el impulso de los valores del laicismo, nos comprometemos a llevar adelante una serie de acciones conjuntas para:

1ª) Reclamar la denuncia de los Acuerdos suscritos entre el Estado peruano y el Vaticano especialmente los de Enseñanza y Asuntos Culturales, y el de Asuntos Económicos, y su sustitución, en su caso, por acuerdos de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones en condiciones de igualdad, conforme lo señala la Constitución Peruana, sin que dichos Acuerdos de Cooperación signifiquen merma alguna de la aconfesionalidad y neutralidad del Estado, ni adquisición o mantenimiento de situaciones de privilegio de ningún género por ninguna de las Confesiones Religiosas.

2ª) Garantizar legalmente, la libertad de conciencia y religión, y aplicar la aconfesionalidad y neutralidad del Estado en materia religiosa, para lo que resulta necesario promulgar, como desarrollo de aspectos sustanciales de nuestra Constitución, en su modificatoria que se viene realizando el principio de Laicidad del Estado y su consecuente reglamentación respetando el principio de igualdad de confesiones, que garantice la neutralidad ideológica y religiosa en el funcionamiento de las instituciones, establecimientos, centros y servicios públicos, incluidos los concertados que dependan del Estado, de las Regiones, Municipalidades o de los Entes Locales (universidades, centros escolares, hospitales, servicios asistenciales, de ocio o de acogida, infantiles, de la mujer o de tercera edad, centros penitenciarios, cuarteles de las Fuerzas Armadas o de seguridad, etcétera...). En todos ellos, ningún ciudadano podrá ser discriminado, positiva o negativamente, en razón de sus creencias, ni se podrán realizar actividades de proselitismo privilegiando a confesión alguna. La asistencia religiosa y/o moral que demanden los ciudadanos usuarios de tales centros o servicios podrá realizarse respetando el principio de aconfesionalidad que deberá regir la actuación del centro, servicio o institución pública, y la designación de sus empleados y órganos de gobierno. Solicitar e impulsar la eliminación de los servicios de capillanía militar o servicios especiales subvencionados o no por el Estado en las diferentes instituciones de las Fuerzas Armadas.

3ª) Exigir que la asignatura de religión confesional salga de la escuela pública y reivindicar la introducción en el currículo de la enseñanza Primaria y Secundaria de una educación ético-cívica común y obligatoria para todos los alumnos, como medio para garantizar un adecuado conocimiento y una práctica real de los valores y normas morales propios de las sociedades democráticas, tales como la libertad, la igualdad y la solidaridad. Asimismo, es preciso fomentar la participación escolar como el mejor instrumento práctico para lograr esta educación ético-cívica de los alumnos.

4ª) Reivindicar la supresión de la Dispositivos vigentes en Educación sobre la inclusión de la asignatura de Religión en el currículo.

Por una Plataforma Ciudadana por una Sociedad Laica
Perú, 1 de marzo del 2003.

 INSTITUTO DE PROMOCIÓN JUVENIL Y SOCIAL “SOLIDARIDAD Y DESARROLLO” – Perú.

ACCIÓN DE JÓVENES POR EL DESARROLLO REGIONAL (AJODER-PERU).

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