Comision de la VERDAD
Revelan en Washington documentos secretos de la "guerra sucia" en Perú

Son 41 nuevos reportes del Departamento de Estado

Fuente: La Republica del 24/01/2002
Por ÁNGEL PÁEZ

Un sargento de la Policía Nacional que perteneció a un "escuadrón de la muerte" confesó a la Embajada de los Estados Unidos que en 1989 asesinaron en Ayacucho a más de 300 sospechosos de pertenecer a Sendero Luminoso, y un ex miembro del grupo "Colina" reveló a la misma legación diplomática en 1993 que fueron autores de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, de acuerdo con dos de los 41 documentos -La República tuvo acceso a todos ellos- desclasificados recientemente por el Departamento de Estado. Las fuentes de la Embajada dijeron que las operaciones eran parte de la política contrasubversiva del gobierno, y en el caso del grupo "Colina", Vladimiro Montesinos Torres estaba estrechamente vinculado.

Los documentos secretos contienen valiosa información sobre la "guerra sucia" en Perú entre 1983 y 1994, lo que permitirá a la Comisión de la Verdad investigar numerosos casos de violaciones de derechos humanos perpetrados por las fuerzas contrasubversivas.

Se tratan de los reportes que la Embajada de los Estados Unidos en Lima remitía al Departamento de Estado en Washington, dando cuenta del desarrollo del conflicto interno generado por los grupos alzados en armas y las tropas gubernamentales.

Los informes fueron desclasificados a solicitud del Archivo Nacional de Seguridad (NSA), una organización no gubernamental adscrita a la Universidad George Washington de la capital norteamericana, cuya finalidad es determinar la conducta de las distintas administraciones gubernamentales estadounidenses en relación con la violación de los derechos humanos y la violencia política.

La verdad se abre paso
Los 41 documentos permiten establecer que a pesar de los informes de la Embajada de Estados Unidos en Lima, donde se registran testimonios de militares y policías sobre crímenes extrajudiciales y la existencia de escuadrones de la muerte, Washington no denunció vigorosamente los casos a nivel internacional alegando que carecía de pruebas.

Los reportes obtenidos por la NSA se diferencian de los 38 documentos entregados por el Departamento de Estado a la Comisión Investigadora que preside la congresista Anel Townsend Diez Canseco, porque éstos se refieren en particular a diversas informaciones relacionadas con Vladimiro Montesinos Torres.

El pasado 27 de noviembre, la Comisión de la Verdad solicitó oficialmente al presidente George W. Bush que contribuya al esclarecimiento de los numerosos abusos perpetrados durante la guerra sucia, permitiendo la desclasificación de documentos relacionados con el tema. Los reportes obtenidos por el Archivo Nacional de Seguridad serían un adelanto de lo que eventualmente el gobierno norteamericano proveería a la Comisión de la Verdad.

Cruda realidad
Las distintas administraciones norteamericanas estaban completamente informadas de la crítica situación peruana debido al conflicto interno, lo que se expresa con absoluta crudeza en el reporte que el 20 de diciembre de 1990 envió el embajador Anthony Quainton a Washington: "Uno no puede ser neutral y sobrevivir en Ayacucho. Si eres un radical de derecha, Sendero Luminoso tratará de matarte. Y si eres un terrorista, sólo la policía o los militares intentarán eliminarte. Si estás en el medio, los terroristas o los soldados querrán asesinarte".

Los documentos contienen informes sobre los momentos claves de la lucha contrasubversiva, desde la aparición de las primeras fosas comunes de individuos ejecutados con balazos en la cabeza por la Marina, y cuya autoría el gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry siempre negó; así como la política de encubrimiento que el Ejército y la Marina desplegaron para proteger a criminales como el comandante Alvaro Artaza Adrianzén y el teniente Telmo Hurtado Hurtado, quienes ordenaron las masacres de Huanta y Accomarca.

La masacre en los penales El Frontón y Lurigancho en junio de 1986, y la presunta responsabilidad política del entonces mandatario Alan García Pérez, son parte de los reportes desclasificados por el Departamento de Estado.

Política de muerte
Otro de los documentos trascendentales es un cable enviado por el embajador Anthony Quainton a Washington el 24 de mayo de 1993, en el cual consigna una conversación entre un alto funcionario no identificado del gobierno de Alberto Fujimori con oficiales de la Sección Política de la legación diplomática norteamericana. El funcionario peruano reconoce que el grupo "Colina" cometió las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y confirmó que la lista de miembros de la banda que reveló el general EP Rodolfo Robles Espinoza era correcta.

Cuando se le preguntó por qué no informaba públicamente de lo que sabía, incluyendo el espionaje telefónico que realizaba el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), la fuente de la Embajada dijo que temía por su vida porque en Perú se vivía "una situación parecida a la que se vivía en Alemania bajo el dominio de la Gestapo".

El último documento desclasificado está fechado el 24 de abril de 1994, y está referido a las operaciones contrasubversivas en el Alto Huallaga que registró numerosos muertos.

En la mayoría de reportes la Embajada de los Estados Unidos en Lima resalta que a pesar de las evidencias, los gobiernos de Belaunde, García y Fujimori, sobre todo en el caso del último, aplicaron políticas Contrasubversivas donde el respeto a los derechos humanos no era la prioridad.

Lo que explicaría por qué se registraron más de 30 mil víctimas durante la "guerra sucia".

 

Comisión de la Verdad recibirá informes

La Comisión de la Verdad recibirá los 41 documentos desclasificados que solicitó al Departamento de Estado el Archivo Nacional de Seguridad (NSA), organización no gubernamental afiliada a la Universidad George Washington.

El presidente de la Comisión, Salomón Lerner Febres, indicó que mantiene contacto con la NSA y que próximamente enviará los reportes sobre la "guerra sucia".

Lerner señaló además que el Departamento de Estado proporcionó a la Comisión otros documentos desclasificados, los cuales son analizados por el equipo bajo su cargo.

El Departamento de Estado enviará más documentos desclasificados sobre las violaciones de los derechos humanos en el Perú a solicitud de la comisión, precisó Lerner Febres.

Con respecto al contenido de los documentos, dijo que no podía opinar acerca de éstos porque aún no habían sido totalmente revisados y comprobados.

"Los documentos no están escritos sobre piedras, por eso hay que revisar y comprobar todas las declaraciones y hechos que contengan", manifestó.

Embajador Hamilton aclaró:

"No hay intención política"

El embajador de los EEUU, John R. Hamilton, negó que la desclasificación de documentos del Departamento de Estado sobre la matanza de los penales de junio de 1986 tenga un objetivo político en contra del ex presidente Alan García.

Hamilton dijo que fue una organización no gubernamental norteamericana (el Archivo de Seguridad Nacional, NSA) la que solicitó los documentos al gobierno estadounidense sobre violación de derechos humanos y violencia política, entre los cuales se encuentra el referido a la masacre de los penales.

Negó que haya intención política de su embajada en este caso. "De ninguna forma, nosotros ni siquiera hemos tenido información de que existía la solicitud. Lo que yo sí sé es que esa ONG, que se llama Archivo de Seguridad Nacional, que suena como oficial, pero en realidad es privada, ha presentado cerca de trescientas solicitudes sobre cuestiones que podrían ser de interés para el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación", expresó.

Preguntado si los reportes aparecen porque hay cierta discrepancia de Alan García Pérez del gobierno del presidente Alejandro Toledo, aseguró "que con toda conciencia, el trabajo de esa oficina está procediendo independientemente de cualquier situación de política interna del Perú".

Comentó que en esa oficina no tienen idea de lo que está pasando en la vida política peruana.

Tampoco aseguró no saber si sobre esa ONG haya presión de algún político del oficialismo en ventilar el caso de los penales de 1986.

 

 

Informante dijo que órdenes "vinieron de Lima"

"Escuadrón de la muerte" ejecutó a 300 en Ayacucho

El reporte que recoge la versión de un sargento de la Policía Nacional, quien afirmó que perteneció a un "escuadrón de la muerte" que a lo largo de 1989 masacró en Ayacucho a más de 300 presuntos senderistas, está fechado el 19 de diciembre de 1990 y lleva estampada la rúbrica del entonces embajador Anthony Quainton.

"Un sargento de la policía describió a oficiales de la Sección Política (de la Embajada) los detalles de su participación en un escuadrón de choque con base en Ayacucho", indica el documento. "El grupo eliminó a 300 sospechosos de (pertenecer a) Sendero Luminoso en 1989, mediante asesinatos extrajudiciales. La mayoría de los objetivos (víctimas) eran campesinos que no participaban en las rondas campesinas organizadas por el Ejército. El grupo también asesinó a acusados o inculpados de pertenecer a Sendero Luminoso que salían de las cárceles de Ayacucho".

"El grupo de choque se desmembró en 1990 cuando tres de sus cuatro miembros fueron asesinados o heridos en una emboscada senderista, en 1990", señala el informe, dando entender que el sobreviviente sería informante de la Embajada estadounidense.

El sargento de la policía señaló que las órdenes las recibía "desde Lima" antes de proceder a consumar las ejecuciones y relató que en algunos cuarteles había crematorios para desaparecer los cadáveres de las víctimas. Para el caso de los subversivos reclusos, el grupo contaba con informantes en el Poder Judicial que les indicaba el día y la hora en que saldrían en libertad para seguidamente proceder a intervenirlos y matarlos.

"El equipo continuó operando hasta los primeros meses de 1990, iniciando sus operaciones junto con campañas antiterroristas cuando las provincias de Huanta y La Mar no estaban bajo dominio exclusivamente militar", dijo el informante. "Había un crematorio en Puquio (Lucanas), otro en las afueras de la base de 'Los Cabitos', sede del Comando Político Militar de Ayacucho".

"Se requería de un permiso -de Lima- para matar a un hombre", señaló el confidente de la Embajada de los Estados Unidos.

Durante las reuniones entre el sargento de la policía con los oficiales de la Sección Política de la Embajada estadounidense, "en las cuales confesó todos sus pecados", el informante también reveló que existieron órdenes para eliminarlos porque conocían de las ilegales operaciones secretas contrasubversivas.

"Le explicamos las objeciones del gobierno de los Estados Unidos a muchas de las prácticas descritas (por el sargento), pero le hicimos notar que la Embajada está interesada en conocer la realidad de la guerra en Perú contra el terrorismo", señala el informe desclasificado. (Angel Páez).

Ex "Colina" ofreció a EEUU denunciar a Montesinos por matanza de Barrios Altos

Un miembro del grupo "Colina" solicitó ayuda a la Embajada de Estados Unidos para salir del país y revelar detalles de las operaciones clandestinas de la organización del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), así como la vinculación del ex asesor Vladimiro Montesinos Torres con las operaciones clandestinas, de acuerdo con un reporte de la legación diplomática al Departamento de Estado.

En el informe del 4 de enero de 1993 se indica que el informante del SIN, por medio de un conocido contacto de la Embajada, temía que lo mataran por lo que sabía y deseaba entregar la información sobre los asesinos a sueldo.

"El oficial (del SIN) afirma que él puede vincular a Montesinos con la matanza de Barrios Altos", indica el reporte. El autor del informe, Charles Brayshaw, quien se desempeñaba como el segundo encargado de la Embajada, recomendó conversar con el oficial del Ejército.

Manos ensangrentadas

"Cuenta con información de ejecuciones sumarias de supuestos terroristas y de la matanza de Barrios Altos. El oficial puede identificar a los miembros que pertenecieron al grupo especial, y testificar sobre los crímenes de Barrios Altos y otros", reportó Brayshaw.

Pero lo más importante que ofrecía el miembro del grupo "Colina" era "vincular al asesor del SIN (y asesor cercano de Fujimori), Vladimiro Montesinos, y al director del SIN general (Julio) Salazar (Monroe), con las matanzas de Barrios Altos y otras". La presentación pública del oficial del SIN habría sido un golpe mortal para la mafia que comenzaba a consolidarse en el gobierno.

Prioridad norteamericana

"(El oficial norteamericano) le dijo a la persona que representa al oficial que los Estados Unidos estaba muy interesado en obtener más información sobre el caso Barrios Altos y contribuir a la mejora de la situación de los derechos humanos. Sin embargo, tenemos que preguntar a Washington para su evaluación sobre qué tanto podemos ayudar al oficial, asumiendo que sus aseveraciones eran creíbles", reportó Brayshaw en un amplio y detallado informe de cinco páginas.

El temor que invadía a los norteamericanos, pese a la enorme importancia del testimonio que ofrecía el ex miembro del grupo "Colina", es que revelada la información sobre Montesinos podría afectar gravemente las relaciones diplomáticas con Perú.

"Sería irritante para nuestras relaciones bilaterales si el oficial (del SIN) eventualmente presente cargos contra el asesor más cercano de Fujimori: Montesinos", explicó Brayshaw. Todo parece indicar que Estados Unidos prefirió mantener siete años más de "buenas relaciones" con el fujimontesinismo.

(Angel Páez, con la colaboración de María Luisa Palomino en la traducción).

 

 

 

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