Comisión de la VERDAD
Cronología de las violaciones durante el gobierno de FUJIMORI

10 AÑOS DE VIOLACIONES, 10 AÑOS SIN JUSTICIA

CRONOLOGÍA

10 AÑOS DE VIOLACIONES, 10 AÑOS SIN JUSTICIA

1990

Más de 300 hombres, mujeres y niños fueron detenidos por las fuerzas de seguridad, sobre todo, en las zonas sometidas a la legislación de emergencia bajo el comando político-militar. Decenas más fueron ejecutadas extrajudicialmente. Entre las víctimas, campesinos en su mayoría, figuraban defensores de los derechos humanos, dirigentes comunitarios, políticos y sindicalistas. Las fuerzas de seguridad emplearon la tortura y los malos tratos de forma generalizada. Había en la cárcel cinco presos de conciencia, cuatro de ellos acusados falsamente de « terrorismo ». Tres presos de conciencia fueron excarcelados.

Dos tercios del territorio Peruano, fueron declarados zonas de emergencia. Se recibieron frecuentes informes de torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, sin que se emprendieran investigaciones independientes; los tribunales militares no procesaron a los responsables de violaciones a los derechos humanos.

Se denunciaron 304 casos de personas detenidas por el ejército Peruano. De ellas, 89 quedaron en libertad o fueron trasladadas a custodia policial. Entre los centenares de desaparecidos figuraba Dora Gómez y sus hijos, Nilton y Juan Carlos Gómez, de 15 y 13 años. Según informes, fueron detenidos por unos soldados que interceptaron a un grupo de 30 campesinos en la provincia de Satipo.

13 personas perdieron la vida y otras 8 desaparecieron, entre ellas una niña de 8 años, después de su detención por una patrulla en el departamento de Cuzco. Los cuerpos presentaban múltiples heridas de bala y señales de tortura.

Se descubrió una tumba en San Pedro de Cachi, Huamanga, departamento de Ayacucho, que, según informes, contenía los restos de al menos 16 personas.

Ernesto Castillo Paez fue detenido en el barrio de Villa el Salvador de la capital, Lima, en el mes de octubre. Algunos testigos declararon que lo habían esposado y obligado a meterse en el maletero de un coche de la policía antes de llevárselo. Las autoridades se negaron a admitir su detención y se encuentra desaparecido desde entonces.

1991

Más de 300 personas « desaparecieron » y al menos 60 fueron ejecutadas extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad o por los grupos paramilitares que, al parecer, operaban con su apoyo. Se denunciaron decenas de casos de tortura y malos tratos.

« El 3 de noviembre de 1991 el « Grupo Colina », un grupo paramilitar que fue establecido como parte de Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) mientras Vladimiro Montesinos estaba como jefe del SIN, ejecutó extrajudicialmente a dieciséis personas que asistían a una actividad social en los barrios Altos, un barrio pobre en Lima »[1].

Defensores de los derechos humanos, críticos del gobierno, periodistas fueron objetos de amenazas, ataques y homicidios ; en ocasiones cometidos por « escuadrones de la muerte » que, al parecer, operaban con el apoyo de las fuerzas armadas. El 15 de marzo el doctor Augusto Zúñiga Paz, abogado que trabajaba para la Comisión de Derechos Humanos, fue víctima de un atendado con una carta bomba que le amputó el antebrazo izquierdo, por su trabajo en relación con la desaparición del estudiante Ernesto Castillo Paez.

Entre agosto y diciembre, Amnistía Internacional documentó 12 desapariciones y 9 ejecuciones extrajudiciales, atribuidas a soldados de la base militar de Aucayacu en Huánuco.

Amnistía Internacional hizo numerosos llamamientos a las autoridades para que investigaran, de manera exhaustiva e imparcial, casos de « desaparición », ejecución extrajudicial y tortura y también para que liberaran incondicionalmente a los presos inocentes.

1992

En abril de 1992, el presidente Alberto Fujimori, con el pleno respaldo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, disolvió el Congreso, suspendió el precepto constitutional y nombró un Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional.

De las 178 personas que se sabía habían « desaparecido »tras ser detenidas por las fuerzas de seguridad, 22 fueron halladas muertas posteriormente.

El 2 de mayo de 1992, aproximadamente a la 1:30 a.m., miembros de la Policía Nacional y de la Marina de Guerra del Perú incursionaron en los Asentamientos Humanos “La Huaca”, “Javier Heraud”, y “San Carlos”, ubicados en el Distrito y Provincia de Santa, del Departamento de Ancash, allanando las viviendas de diversos pobladores. 9 personas desaparecidas fueron el resultado de esta intervención. Las investigaciones indicarían que el grupo paramilitar “Colina” habría sido el responsable.

El grupo paramilitar « Colina » fue responsable por la « desaparición » y ejecución de diez estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta el 18 de julio de 1992. (Estos homicidios son el tema de las acusaciones contra Fujimori por el Congreso el 27 agosto 2001, y también por la justicia peruana con la orden internacional de su detención por un juez de la Corte Suprema el 9 de septiembre).

Desde mediados de septiembre, el gobierno negó al Comite Internacional de la Cruz Roja el acceso a todas las prisiones.

Se promulgan nuevas leyes antiterroristas que ampliaban la definición de « delitos de terrorismo », aceleraban los procedimientos judiciales en esos casos y alargaban las condenas de prisión. Se definió el delito de « tración a la patria » y se amplió la jurisdicción militar a los civiles acusados de terroristas.

Entre agosto y octubre, al menos 19 estudiantes universitarios de la ciudad de Huancayo, departamento de Junín, fueron hallados muertos en circunstancias que sugerían que habían sido ejecutados extrajudicialmente. Al parecer todos ellos habían sido detenidos por las fuerzas armadas.

1993

Al menos 4.000 presos políticos, entre ellos unos 200 presos de conciencia y posibles presos de conciencia, esperaban juicio o fueron juzgados mediante procedimientos judiciales que no cumplieron las normas internacionales. Se denunciaron numerosas casos de torturas. Las autoridades seguían sin aclarar miles de casos anteriores de violaciones de derechos humanos. Se amplió el ámbito de la aplicación de la pena de muerte. Los grupos alzados en armas siguieron perpretando abusos generalizados, como tortura, homicidios deliberados y arbitrarios y toma de rehenes.

En noviembre, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, publicó un informe sobre Perú en el que criticaba duramente al gobierno por no investigar ni hacer juzgar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos.

En julio y noviembre, se descubieron tumbas clandestinas cerca de Lima, en las que yacían restos de las víctimas « desaparecidas ». (Posteriormente se descubrió que eran los cuerpos de los 9 jóvenes estudiantes y de un profesor de La Cantuta).

1994

Continuaban en prisión 25 presos de conciencia y 255 posibles presos de conciencia. Al menos había cuatro mil presos políticos en espera de juicio que ya habían sido juzgados mediante procedimientos judiciales que no cumplían las normas internacionales. Siguieron denunciándose numerosísimo casos de torutra de presos políticos. Se denunciaron alrededor de 65 nuevos casos de « desaparición », de los cuales 55 databan de 1993. Las fuerzas de seguridad según informes, ejecutaron extrajudicialmente a 37 personas. Los grupos alzados en armas continuaron perpretando numerosos abusos contra los derechos humanos.

En febrero, el presidente Fujimori sancionó una ley del Congreso que llevó a la Corte Suprema de Justicia a resolver que el caso de derechos humanos de La Cantuta correspondía al fuero militar y no al fuero común. Un grupo de juristas, junto con la organización independiente Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), objetaron que esta ley conculcaba los principios constitucionales, entre ellos el de la independencia del poder judicial.

En febrero, la Corte Suprema de Justicia, en una decisión que se consideró, en general, que venía dictada políticamente por el ejecutivo y el ejército, votó a favor de que el caso La Cantuta se juzgara bajo el fuero militar. Tras esta resolución, nueve militares relacionados con el caso fueron condenados por el Consejo Supremo de Justicia Militar a penas que oscilaban entre uno y veinte años de cárcel por el homicidio de un profesor y nueve alumnos en 1992. No obstante ninguno de los responsables fueron objeto de investigación por parte de organismo judicial independiente alguno. Amnistía Internacional señaló que correspondía a la justicia civil juzgarlos y debía investigarse y señalarse la responsabilidad de los oficiales de alta graduación y civiles implicados en la matanza.

Una comisión internacional de juristas establecida en virtud de un acuerdo de entendimiento entre el Ministerio de Justicia peruano y el Departamento de Estado de Estados Unidos de América hizo una serie de recomendaciones para conformar la legislación antiterrorista con las normas internacionales de derechos humanos. El Ministro de Justicia rechazó estas recomendaciones alegando que constituían una « injerencia en los asuntos internos del Perú ».

1995

El 14 de junio, el Congreso otorgó una “amnistía general al personal militar, policial o civil que se encuentre denunciado, investigado, encausado, procesado o condenado » por violaciones de derechos humanos cometidas entre mayo de 1980 y el 14 de junio de 1995. Salieron libres todos los militares y policías implicados en violaciones a los derechos humanos. Una juez de instrucción declaró inaplicable las leyes de amnistía sobre la investigación de la matanza perpetrada en Barrios Altos en 1991. El 28 de junio se aprobó una nueva ley que prohibía a los jueces decidir sobre la legalidad o aplicabilidad de las leyes de amnistía.

Los expertos de la ONU afirmaban que las dos leyes «favorecen la impunidad, son contrarias al espíritu de los instrumentos de derechos humanos, incluida la Declaración de Viena aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio 1993 ». Los expertos concluían también que la segunda ley, al prohibir la revisión judicial de la ley de amnistia « viola los principios básicos de un Estado de Derecho ».

Las leyes de amnistía también beneficiaron a los miembros de las fuerzas armadas que cumplían penas de cárcel por su participación en violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, a los pocos días de que la ley entrara en vigor quedaron en libertad varios miembros del ejército que se creía pertenecían al « escuadrón de la muerte » Grupo Colina y que habían sido encarcelados por participar en el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de la Cantuta en julio de 1992. Amnistía Internacional deploró las dos leyes de amnistia e instó al gobierno a que las derogara de forma inmediata. Varios defensores de derechos humanos que habían criticado las leyes de amnistía recibieron amenazas anónimas de muerte.

1996

Continuaban encarcelados aproximadamente 640 presos de conciencia y posibles presos de conciencia. Millares de presos acusados de delitos de terrorismo sufrían demoras de su comparescencia ante la justicia o cumplían penas impuestas en juicios que no se habían ajustado a las normas internacionales relativas al debido proceso. Se recibieron informes sobre numerosos casos de tortura y de muerte como consecuencia de torturas. Según informes, tres detenidos « desaparecieron ». Dos hombres perdieron la vida en circunstancias que indicaban que podían haber sido ejecutados extrajudicialmente. Seguían sin resolverse millares de casos de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Los grupos alzados en armas continuaron cometiendo abusos contra los derechos humanos, como el homicidio deliberado y arbitrario de civiles y la toma de rehenes.

El 26 de noviembre fue arrestado Rodolfo Robles Espinoza, General retirado del ejército y defensor activo de los derechos humanos que en 1993 había acusado públicamente al Grupo Colina, un « escuadrón de la muerte » militar, de asesinar a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta. Amnistía Internacional le declaró peso de conciencia y pidió públicamente su liberación inmediata y incondicional. El General Robles fue acusado de « ultrajar a las fuerzas armadas » y otros delitos militares, a raiz de unas declaraciones públicas en las que afirmó que el Grupo Colina había sido el responsable de la detonación de una bomba en noviembre en una emisora de televisión de la ciudad de Puno. El General Robles quedó en libertad el 7 de diciembre en aplicación de una ley de amnistía aprobada por el Congreso dos días antes.

En mayo, Amnistía InternacionaI publicó el informe « Perú : Presos Inocentes » en el que pedía la liberación de los presos injustamente acusados de terrorismo y que se respetaran las garantías relativas al debido proceso reconocidas internacionalmente.

En junio, la organización publicó un segundo informe, Perú : « Los derechos humanos en tiempos de impunidad », para instar a las autoridades a revocar las leyes de amnistía de 1995, a volver a abrir las investigaciones judiciales sobre millares de casos no resueltos de violaciones de derechos humanos y a llevar a los responsables ante tribunales.

1997

Continuaban encarcelados centenares de presos de conciencia. Al menos tres mil presos acusados de delitos de terrorismo se encontraban cumpliendo condena o en espera de juicio en virtud de procedimientos en los que no se habían respetado las normas internacionales de justicia procesal. Disidentes y defensores de los derechos humanos fueron víctimas de actos de intimidación, como agresiones con armas y amenazas de muerte. Hubo informes frecuentes sobre casos de tortura. Las condiciones penitenciarias constituían trato cruel, inhumano y degradante. Según informes, se ejecutó extrajudicialmente a cuatro personas. Continuaban impunes violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado contra millares de personas. Los grupos alzados en armas siguieron cometiendo abusos contra los derechos humanos.

En mayo, el Congreso controlado por el gobierno, destituyó a tres jueces del Tribunal Constitucional que habían declarado que sería inconstitucional que el presidente Fujimori se presentara como candidato presidencial para ocupar, por tercera vez, el cargo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación porque esta medida suponía menoscavo de la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial y de la protección de los derechos humanos.

En enero y febrero, Leonor La Rosa Bustamante, agente del servicio de inteligencia del Ejército (SIE), sospechosa de filtrar a la prensa planes de seguridad, fue torturada en el sótano de unas instalaciones militares de Lima donde, según dijo, también se torturaba a presuntos miembros de los grupos alzados en armas. Posteriormente se le diagnosticó una lesión grave de la columna vertebral. Cuatro agentes del SIE a los que se había acusado de las torturas, fueron declarados culpables de « abuso de autoridad » por un tribunal militar, que les impuso una pena ocho años de cárcel a cada uno. En marzo apareció envuelto en bolsas de plástico en las afueras de Lima el cadáver desmembrado de Mariela Lucy Barreto Riofano, agente también del SIE. Era generalizada la creencia de que su muerte y la tortura de Leonor La Rosa estaban relacionadas.

Las autoridades continuaron haciendo caso omiso de la recomendación formulada en 1996 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU de revocar las leyes de amnistía dictadas en 1995, que sancionaban jurídicamente la impunidad.

1998

Permanecían en prisión al menos seiscientos presos de conciencia a quienes se imputaban delitos relacionados con el terrorismo. Aproximadamente cuatro mil personas acusadas formalmente de estos delitos, se hallaban encarceladas en virtud de procedimientos que no habían cumplido las normas internacionales de justicia procesal. Personas que criticaban al gobierno fueron víctimas de amenazas de muerte y otros actos de intimidación. Continuaron recibiéndose informes sobre casos de tortura y malos tratos. Las condiciones penitenciarias constituían trato cruel, inhumano o degradante. Los grupos alzados en armas siguieron cometiendo abusos contra los derechos humanos.

Continuaban en vigor las leyes de amnistía, que sancionaban jurídicamente la impunidad de los responsables de millares de casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante operaciones de contrainsurgencia llevadas a cabo entre 1980 y 1995. En julio, pese a que varios órganos de derechos humanos de la ONU habían recomendado la abrogación de las leyes de amnistía, el presidente Alberto Fujimori declaró públicamente que Perú las había aprobado en ejercicio de sus poderes como Estado soberano.

En junio, el poder ejecutivo promulgó un conjunto de decretos leyes que definían a determinados delitos comunes, de carácter grave, como terrorismo agravado. Estas normas hacían posible que a los acusados de estos delitos se les pudiera recluir por periodos de hasta 10 días en régimen de incomunicación y enjuiciados ante tribunales militares. Los Decretos leyes, que, según opinión generalizada, tenían como modelo la legislación antiterrorista peruana de 1992, fueron enérgicamente criticados por juristas y organizaciones de derechos humanos.

La investigación emprendida por el Ministerio Público sobre la muerte de la agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, Mariela Barreto Riofano, ocurrida en 1997 en circunstancias poco claras, fue archivada provisionalmente con el argumento de que no había sido posible identificar a los responsables.

1999

Perú abandonó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en julio de 1999. Centenares de presos acusados de cargos falsos relacionados con el terrorismo seguían encarcelados. Hubo amenazas contra periodistas, dirigentes de partidos de oposición y defensores de los derechos humanos, dentro de lo que parecía ser una política de intimidación sistemática contra las personas que criticaban a las autoridades. La tortura y los malos tratos siguieron constituyendo prácticas generalizadas. Continuaron los juicios a civiles ante tribunales militares por los delitos relacionados con el terrorismo, de « traición a la patria » y « terrorismo agravado ».

El año 1999 fue el último del segundo mandato de cinco años del presidente Alberto Fujimori. En el periodo previo a las elecciones previstas para abril del 2000, la situación de los derechos humanos entró en una fase crítica.

En julio de 1999 el gobierno decidió abandonar con efecto inmediato la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con ello cerró la posibilidad de que las víctimas de violaciones de derechos humanos pasadas y presentes, obtuviesen reparación de un tribunal internacional.

El acoso e intimidación a periodistas mediante amenazas anónimas y demandas judiciales constituyeron algo tan habitual, que la comunidad internacional manifestó su preocupación ante el hecho de que ello estuviera obstaculizando la libertad de prensa.

Los defensores de los derechos humanos solicitaron la creación de la Comisión de la Verdad para esclarecer las violaciones de derechos humanos que se cometieron en el país durante el conflicto armado.

Continuaron los juicios de civiles ante tribunales militares por el delito de « traición a la patria ». Algunos organismos intergubernamentales, como el Comité de la ONU contra la Tortura y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reiteraron su preocupación por los juicios de civiles ante tribunales militares. A pesar de ello, el Congreso no hizo nada para modificar las leyes antiterroristas ni para abolir el uso de tales tribunales, que no eran ni independientes ni imparciales.

2000

En febrero del 2000, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y el Centro de Legislación Política sobre la Reproducción publicaron el documento « Silencio y Complicidad » donde se describían casos de violación, insultos humillantes y control forzoso de la natalidad durante 1999. La mayoría de las mujeres que habían padecido estos abusos eran jóvenes, pobres o procedentes de zonas rurales o barrios urbanos marginales.

Centenares de presos acusados de cargos falsos relacionados con el terrorismo permanecieron encarcelados. La tortura y los malos tratos continuaron siendo prácticas generalizadas. Los tribunales militares siguieron juzgando a civiles por el delito de « traición a la patria », relacionado con el terrorismo. Defensores de derechos humanos, periodistas y dirigentes de la oposición recibieron amenazas en lo que parecía ser una táctica de intimidación contra quienes criticaban a las autoridades.

En abril se realizaron elecciones que, según la misión de observadores de la OEA, no aseguraban transparencia ni imparcialidad. Se retiraron del país.

En el mes de mayo se realizaron nuevas elecciones retirándose los candidatos de la oposición al no haber garantías de transparencia e imparcialidad del Poder Electoral, quedando como único candidato Alberto Fujimori.

En setiembre, la revelación de que Vladimiro Montesinos, asesor del presidente Fujimori, había sobornado a congresistas de la oposición y de que las fuerzas armadas estaban implicadas en la venta de armas a la oposición armada de Colombia, obligó al presidente a anunciar nuevas elecciones en la que él no se presentaría como candidato. La fecha de las elecciones se fijó para abril del 2001.

En setiembre, Vladimiro Montesinos, asesor del Presidente y del Servicio Nacional de Inteligencia, huyó del país entre denuncias de corrupción y pidió asilo político en Panamá. Desde 1991, el Servicio de Inteligencia Nacional, con el que Vladimiro Montesinos estaba estrechamente relacionado, había sido acusado de cometer violaciones de derechos humanos tales como ejecución extrajudicial de 16 personas en Barrios Altos, Lima, en noviembre de 1991 ; la desaparición y ejecución extrajudicial de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad la Cantuta en julio de 1992 ; la tortura de Leonor la Rosa Bustamante y el homicidio de Mariela Barreto en 1997.

En octubre, Vladimiro Montesinos regresó al Perú y se ocultó. El presidente Fujimori sin haber emitido orden de detención contra Vladimiro Montesinos, informó a la Nación de que estaba buscándolo personalmente. Al terminar el año no había sido detenido.

Al menos, 1,800 personas habían sido juzgadas ante tribunales militares por el delito de « tración a la patria » desde 1992. Más de 200 personas acusadas de cargos falsos relacionados con el terrorismo permanecían encarceladas al terminar el año.

En noviembre, tan sólo cuatro meses después de haber jurado su cargo para un tercer mandato, el presidente Alberto Fujimori dimitió mientras estaba de visita en Japón y en medio de denuncias de corrupción. Fue declarado moralmente incapacitado por el Congreso de la República como Presidente del Perú. Valentín Paniagua, congresista de uno de los partidos de oposición fue nombrado por el Congreso de la República, Presidente de la República.

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