Comision de la VERDAD

Descubren fosas con 300 cadáveres de campesinos

Fuente: La Republica 06/08/2001
Por JULIO PANDURO CHAMORRO

Piden intervención de Comisión de la Verdad para investigar matanzas de Cayara y otras

Unos 50 familiares de comuneros secuestrados y asesinados por tropas militares en el distrito ayacuchano de Cayara llegaron ayer a Lima para sostener hoy un encuentro con los miembros de la Comisión de la Verdad para presentar testimonios, evidencias y denuncias individuales sobre una de las más graves desapariciones forzadas ocurridas en el país, que hasta ahora permanece impune.

Junto con los comuneros y comuneras de Cayara arribó también el alcalde distrital de Chungui, Hermenegildo Ortiz Chalco, para denunciar hoy ante la misma Comisión de la Verdad la existencia de 20 fosas comunes en la provincia ayacuchana de La Mar, donde habrían enterrado los cadáveres de 300 campesinos asesinados luego de ser secuestrados y torturados

Ortiz advirtió que los cementerios clandestinos a los que se refiere se encuentran en localidades muy remotas y de difícil acceso, por lo que se cree que centenares de campesinos fueron conducidos a pie hasta esos lugares para ser torturados y luego pasados por las armas sin ninguna misericoridia.

También aclaró que no se trata de otras fosas comunes descubiertas y denunciadas hace poco.

La reunión se efectuará a partir de las 10.00 de la mañana en la Universidad Católica, donde serán recibidos por el presidente de la Comisión Salomón Lerner, y los comisionados Carlos Iván Degregori, Carlos Tapia, Beatriz Alva Hart, Alberto Morote, Enrique Bernales y el padre Gastón Garatea.

La comitiva de Cayara es encabezada por su alcalde Juan Gonzales García, y el gobernador Crispín Flores Aroni, quienes también solicitarán audiencia al presidente del Congreso, Carlos Ferrero Costa, a fin de exponer su caso ante la representación parlamentaria nacional.

De esta manera, la Comisión de la Verdad inicia sus actividades con la primera entrevista de deudos que buscan justicia y esclarecimiento de los hechos que provocaron la muerte de 50 campesinos a manos de presuntos miembros de las Fuerzas Armadas el 14 de mayo de 1988.

En su calidad de gobernador de Cayara, Flores Aroni precisó que los deudos demandan cuatro exigencias básicas: investigación de la matanza, tratamiento sicológico a los deudos traumatizados, indemnización económica por la pérdida de sus seres queridos y apoyo efectivo para impulsar el desarrollo del poblado ayacuchano.

 

Torturados

En la actualidad, Cayara aún no olvida los terribles sucesos ocurridos en aquel día, cuando la mayoría de los pobladores retornaban a sus viviendas en horas de la tarde, después de cumplir con sus faenas agrícolas.

A poca distancia del poblado, llegó un grupo de hombres vistiendo uniforme militar, quienes maltrataron a los humildes campesinos y luego procedieron a separarlos en dos grupos: hombres por un lado, y mujeres y niños por otro.

Luego de ser torturados ante la vista de sus propios familiares, los hombres fueron asesinados en forma cruel, mientras que las mujeres recibieron golpes y posteriormente fueron violadas

Al igual que en la matanza de Accomarca, las primeras investigaciones determinaban que los campesinos habían sido asesinados en Cayara porque los miembros de las Fuerzas Armadas los confundieron con integrantes de Sendero Luminoso.

Acabar con impunidad

Flores Aroni dijo que este suceso conmovió a todos los peruanos por la crueldad de los asesinatos, sobre todo por la insania mostrada contra humildes campesinos e inocentes mujeres que no tenían ninguna clase de relación con el movimiento sedicioso.

“Nosotros no queremos iniciar una cacería de brujas. Lo único que queremos es acabar con la impunidad y exigir justicia por un herida que no cierra a pesar de los años”, expresó.

Los 50 deudos que llegaron a Lima se encuentran hospedados en el local de la Federación de Instituciones Provinciales de Ayacucho, donde reciben el apoyo y la hospitalidad de sus hermanos ayacuchanos afincados en la capital.

 

Hay muchos Cayaras…

En Cayara perdieron la vida 50 campesinos. El gobernador manifestó que desde 1983 a la fecha, cerca de 600 personas murieron o desaparecieron a manos de militares o elementos subversivos.

En representación de los deudos, quienes en su mayoría sólo hablan quechua, precisó que la principal demanda es investigar el luctuoso hecho y encontrar los restos de todas las personas asesinadas a machetazos.

“Otra exigencia importante es el tratamiento sicológico que necesitan hombres y mujeres que eran tan sólo unos niños cuando ocurrió la matanza. Hasta ahora se observan las secuelas de ese trauma mediante problemas de socialización y dificultades en el aprendizaje”, refirió.
Pero no quedó de lado el tema de indemnización económica, cuya entrega puede ayudar sobremanera a los deudos del asesinato porque viven en la extrema pobreza y no tienen recursos para impulsar su precaria producción agrícola.

Al respecto, sostuvo que el gobierno de Alejandro Toledo también debe brindar apoyo a Cayara mediante la construcción de centros educativos, postas médicas y otras infraestructuras que impulsen el desarrollo del distrito ayacuchano.

 

¿Dónde los enterraron?

El alcalde de Chungui, Hermenegildo Ortiz, mencionó que las fosas descubiertas por los comuneros de su zona están ubicadas en anexos tan remotos como Churca, Chinchibamba, Pallccas, Totora, Tostabamba, Oronccoy, Santa Carmen, Mollebamba, Yerbabuena, Chapi, Chucón, Villa Aurora, Chinete, etc.

“Hay testigos de esas desapariciones forzadas, quienes dieron testimonio de los hechos ocurridos. En total, suman casi 300 personas que estarían enterradas en diversos lugares de La Mar”, declaró.

El alcalde de Chungui sostuvo que pocos comuneros pueden llegar hasta esos sectores porque debe efectuarse una larga caminata de dos días, lo cual dificulta el acceso de los representantes del Ministerio Público o del Poder Judicial.

La existencia de las fosas comunes es conocida por los pobladores de Chungui desde varios años atrás, pero el temor y el trauma de la violencia terrorista les impedía denunciarlo en forma pública a fin de iniciarse una investigación.

 

 

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