Comisión de la VERDAD
Comisión de la Verdad: Cara y sello de la CVR

Comisión de la Verdad: Cara y sello de la CVR

FuenteEl Comercio del 23/08/2004
 
Por Sofía Macher 

Cara y sello de la CVR Sofía Macher El Comercio - Lima

El presidente Toledo en su discurso del 28 julio, cuando hizo referencia a las recomendaciones de la CVR, se limitó a solicitar al Poder Judicial y al Ministerio Público que creen el subsistema especializado para atender los casos de violaciones a los derechos humanos. Pero no dijo ni media palabra de cuántos recursos económicos estaría destinando a los presupuestos de ambas instituciones para que puedan realizar esta labor.

Pero lo que más duele es que no se haya entendido nada de lo que el informe de la CVR dice con meridiana claridad en su primera conclusión: "Que el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y el 2000 fue un conflicto que reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana".

Que el presidente no haya mencionado el tema de las reparaciones es una muestra de ello. Muestra de que la obligación del Estado frente a los horrores vividos por los peruanos más pobres de este país durante el conflicto armado y sus responsabilidades frente a los hechos y desencuentros subsistentes no están en la agenda política del Gobierno.

Recuerdo los miles de testimonios, que mencionaban una y otra vez: "nadie nos ayudó... no teníamos a quién recurrir... nos mataban como animales... para los pobres no hay justicia... ojalá que de aquí a 10 o 15 años nos consideren también peruanos". El presidente Toledo no ha tenido ningún problema en destinar parte de los fondos del FEDADOI para cubrir los pagos que se deben hacer a 28 mil despedidos injustamente durante el fujimorismo. Sin negar en lo más mínimo la justeza de esta medida, sí cabe preguntarnos: ¿y por qué no puede hacer lo mismo con las miles de víctimas de la violencia?

Creo que es legítimo interpretar que la diferencia está en la capacidad de movilización de unos y otros. Cuando hablamos de los afectados por la violencia, estamos hablando de víctimas cuyo perfil es: 75% quechuahablante u otra lengua nativa, primaria incompleta o analfabeta, 85% vive en el área rural de las regiones más pobres del país. Muchos no están adecuadamente organizados y no tienen ninguna posibilidad de trasladarse aquí a la capital del país a reclamar sus derechos y entonces se vuelve a repetir la historia: exclusión, inequidad. No son considerados ciudadanos con plenos derechos como cualquier otro peruano. Lo que pase en las zonas altoandinas o amazónicas no representa ningún tipo de problema para la "gobernabilidad" del país.

Qué pena. Ahora ya no es aceptable una respuesta como la que "no teníamos conocimiento". Diecisiete mil testimonios recogidos por la CVR y algunos de ellos recibidos en audiencias públicas y transmitidos a todo el país por la televisión estatal han dado a conocer oficialmente lo que miles de peruanos y peruanas han sufrido y siguen sufriendo. El Gobierno no ha entendido que no es posible hablar de reconciliación en el país si no restituimos la plena ciudadanía a todos los que sufrieron durante todos esos años del conflicto armado interno.

Señor presidente, el mensaje nos queda totalmente claro: ante su incomprensión e indolencia, habrá que organizar marchas y demostraciones frente al Palacio de Gobierno para que los afectados reciban su justa reparación.

 

 

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